“Es una ley para salvar las apariencias”, “la van a eludir”, “la van a sacar a relucir en las embajadas de África”, ironizan los “perros de guerra” franceses. La ley sobre la represión de la actividad del negocio de los mercenarios, sancionada con unanimidad por la Asamblea Nacional el 3 de abril de 2003, no debería justificar entonces el tono triunfalista del ex ministro de Defensa, el socialista Paul Quilès, frente a los diputados: “Francia podrá tener el honor de ser el país occidental dotado de la legislación más rigurosa en ese tema”.
Propuesta en 2002 por Alain Richard, ministro de Defensa de Lionel Jospin, esta ley crea una nueva categoría criminal en el derecho francés, el negocio de los mercenarios, sujeta a cinco años de encarcelamiento y una multa de 75.000 euros. Las penas se agravan para los organizadores del reclutamiento (siete años de cárcel y 100.000 euros de multa).
Según (...)