Con su capitalización bursátil capaz de hacer que un producto interior bruto (PIB) palidezca, su control sobre la difusión de la información y su omnipresencia en las interacciones sociales, los gigantes tecnológicos estadounidenses habían terminado pareciendo más poderosos que los Estados. Acuñar moneda (virtual) o conquistar el espacio: su apetito soberano parecía ilimitado.
Sin embargo, la espectacular sumisión de los dirigentes de la “tech” a Donald Trump muestra reyes desnudos, dependientes del poder político. Jeff Bezos, el jefe de Amazon, recibe decenas de miles de millones de dólares gracias a sus múltiples contratos con el gobierno federal. Zuckerberg, el fundador de Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram), cuenta con la Casa Blanca para librarse de las gigantescas multas que su vulneración de las leyes antimonopolio podrían acarrearle en Europa y Estados Unidos. Ambos temen la ira de Trump. En junio de 2018, durante su primer mandato, un simple tuit del multimillonario contra Harley-Davidson provocó que las acciones del fabricante de motos se desplomaran un 10% (1). Por lo tanto, Zuckerberg, Bezos o Sam Altman, fundador de Open AI, que comercializa ChatGPT, multiplican las muestras de lealtad. Antaño apóstol de la diversidad y la inclusión, el primero celebra ahora la “energía masculina” y protesta contra “la censura de los comentarios conservadores” en las redes sociales. En el siglo XI, los príncipes se arrodillaban ante el papa para que revocara su excomunión. Mil años después, los barones de la industria digital besan el anillo del presidente.
Así pues, se pueden obtener muchas cosas del jefe de una multinacional, basta con que se sienta amenazado por un Estado. La constatación casi sorprende después de treinta años de cantinelas sobre la impotencia de la política. Los representantes públicos, prisioneros de un estrecho marco conceptual, debían tener como prioridad económica abrir nuevos mercados a sus dirigentes empresariales, ofreciéndoles una mano de obra barata y una fiscalidad ventajosa; luchar contra la deuda y el déficit público; contener la inflación y garantizar la estabilidad de la moneda.
Pero desde hace unos años esos principios son alegremente ignorados. Durante la crisis sanitaria, los gobiernos rompieron con la ortodoxia presupuestaria sin desencadenar la ira de las agencias de calificación o el pánico bursátil (2); y se burlan del catecismo liberal cuando, en nombre de una emergencia cultural y de seguridad, abogan por una restricción de la inmigración que privaría a miles de empresas de trabajadores baratos. Y es que el envejecimiento de la población convierte el proyecto del nuevo presidente de Estados Unidos en una herejía económica. Habrá escasez de empleados en la agricultura, hostelería, restauración y atención domiciliaria, y los precios subirán (3). Pero a Trump le es igual. Para él la xenofobia es una prioridad.
Para otros gobernantes lo es el atlantismo. Al imponerle sanciones a Rusia, los dirigentes europeos y estadounidenses obligaron a McDonald’s, Nike, Starbucks, Coca Cola, Apple, L’Oréal e incluso Ikea a abandonar un importante mercado y liquidar sus activos en el país. A sabiendas, desencadenaron una crisis energética que ha sumido a sus países en una espiral inflacionaria y ha hecho desplomarse el crecimiento del Viejo Continente. También han puesto en peligro la hegemonía del dólar en el comercio internacional al dar alas al competidor chino.
La lección es útil. Mañana, sobre la base de estos precedentes, un gobierno democrático podrá afrontar las quejas de los círculos económicos y de los “aliados” occidentales cuando decida cuestionar reglas cuya única justificación es la servidumbre voluntaria.
