- Traslado de 2.000 presos a la megacárcel Centro de Confinamiento de Terroristas, en Tecoluca (El Salvador), 24 de febrero de 2023. SECRETARÍA DE PRENSA DE LA PRESIDENCIA. GOBIERNO DE EL SALVADOR
“El año 2021 es el más seguro jamás registrado en El Salvador”, se congratula el presidente Nayib Bukele el 16 de diciembre de 2021 (1). Sonrisa radiante, la cabeza cubierta por una gorra con visera, barba cincelada al milímetro y brazos abiertos, quien se presenta en las redes sociales como el “CEO [siglas en inglés de ‘director ejecutivo’] de El Salvador”, exhibe una pose evocadora de Cristo ante su auditorio: una cohorte de jóvenes a punto de ingresar en las Fuerzas Armadas en el marco del plan nacional de lucha contra las maras.
El Salvador puede, en efecto, felicitarse de una caída histórica de la violencia: el país cerró el año 2021 con “solo” 1140 homicidios, lo que equivale a un índice de 17,6 homicidios por 100.000 habitantes, el más bajo desde el final del conflicto armado en 1992. En 2020, las fuentes oficiales ya habían anunciado un descenso del 45% de los homicidios, en su mayor parte atribuidos a las maras Mara Salvatrucha y Barrio 18. La noticia resulta reconfortante en una región considerada como el epicentro mundial de la violencia. Cifras así eran todavía inimaginables en 2015, cuando los homicidios superaban los 108 por 100.000 habitantes.
Pero puede que el milagro salvadoreño solo sea un espejismo. El presidente atribuye estos espectaculares resultados a su Plan de Control Territorial, iniciado en 2019 inmediatamente después de salir elegido, y basado en la ocupación militar de los barrios en manos de las maras. Una investigación del periódico digital salvadoreño El Faro reveló que, en realidad, el Gobierno había negociado en secreto una tregua con las pandillas con el fin de mantener el número de homicidios en niveles bajos (2) de cara a las elecciones legislativas, a cambio de mejoras en las condiciones carcelarias para sus líderes.
Óscar Martínez, redactor jefe de El Faro, opta por la retórica para resumir la situación: “¿Cuál es el problema? –nos pregunta–. Cuando los políticos acaban por traicionar los acuerdos con las maras, ya sea porque se descubre el pacto o porque se acercan unas elecciones, las pandillas responden con su único capital político: los cadáveres”. A esta estrategia de entendimiento soterrado con las maras ya había recurrido en 2012 el Gobierno de izquierda del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). “En 2015, cuando el FMLN puso fin a la tregua, tuvimos el año más violento de la historia del país”, añade Martínez.
Como las mismas causas producen los mismos efectos, los pandilleros le recordaron sus promesas al Gobierno cometiendo 47 homicidios en noviembre de 2021, y más tarde, en marzo de 2022, 87 en solo tres días. El presidente Bukele reaccionó declarando una “guerra contra las pandillas”, decretando el estado de excepción y ordenando el arresto y encarcelamiento sin proceso de decenas de miles de personas consideradas “terroristas” (léase el reportaje de Anne-Dominique Correa “Bitcoin, guerra contra las maras y un presidente ‘millennial’ en El Salvador”). Todas las organizaciones internacionales y de derechos civiles, entre ellas Amnistía Internacional y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denunciaron detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos infligidos en los centros de detención. Al menos 21 personas han muerto durante su reclusión.
El Plan de Control Territorial, medida estrella del nuevo partido presidencial –bautizado con el nombre de Nuevas Ideas– formulada con la vista puesta en las elecciones legislativas de febrero de 2021, se inscribe en la continuidad de los planes de militarización de las tareas de seguridad pública en Centroamérica. “Es más un plan de propaganda que una verdadera política pública –considera Martínez–. Todos los Gobiernos que han ganado elecciones desde el final de los conflictos armados han prometido controlar los homicidios, y han vendido la presencia de militares como un elemento de su estrategia”. Las encuestas de confianza muestran que el Ejército es una de las instituciones más populares después de la Iglesia. Sin embargo, “ninguna estadística permite llegar a la conclusión de que la participación de los militares en las labores de seguridad pública haya traído beneficio alguno a largo plazo en la lucha contra los homicidios”.
Los militares llevan veinte años siendo incorporados de manera creciente a las operaciones de seguridad pública en Centroamérica. Aunque los acuerdos de paz firmados en 1992 exigían que el Ejército se retirara de las calles de El Salvador, la tendencia se ha invertido y Bukele ha prometido doblar el número de soldados en la vía pública hasta llegar a los 40.000 efectivos. La atención internacional que han merecido las oleadas de violencia que han empañado su gestión parece haber irritado a la Administración de Bukele, que ha modificado la publicación de las cifras de homicidios para dejar fuera los cadáveres hallados en fosas comunes. El número de desaparecidos –1828 en 2021 (3)–, en constante alza durante el último lustro, supera el número de homicidios (4), lo que sugiere que el descenso real de los asesinatos podría ser significativamente menor al presentado por las cifras oficiales. “La reducción de los homicidios se ve acompañada de un aumento de las desapariciones forzadas cuando hay negociaciones –analiza Jeannette Aguilar, investigadora en la Universidad Centroamericana–. En realidad, el 60% de las desapariciones señaladas y el 37% de los homicidios registrados han sucedido en los municipios prioritarios del Plan de Control Territorial. Sin cadáver no hay crimen, y así el índice de homicidios no aumenta”.
