A comienzos de enero pasado, el Gobierno griego convocó de urgencia a un areópago de expertos en economía. Entre ellos se encontraba un funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI), que le explicó secamente al Primer Ministro que debía desmantelar el Estado de Bienestar. Otro consejero, proveniente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), dijo con tono jovial: “Una decisión que horroriza a todo el mundo, incluso a vuestros propios partidarios, no puede ser más que una buena decisión”.
El fundamento de estas proposiciones es conocido: los mercados ordenan a los Estados apretarse el cinturón. Los compradores de obligaciones son los únicos jueces de los planes de austeridad consentidos por los gobiernos. Sólo ellos deciden si se dan o no las condiciones para tener confianza en la capacidad de un Estado para reembolsar su deuda. Si un país se somete a una disciplina presupuestaria de hierro y los (...)
