En octubre de 1984, el Congreso de Estados Unidos adoptó la enmienda Boland, que prohibía “apoyar, directa o indirectamente, las operaciones militares o paramilitares llevadas a cabo en Nicaragua”. Los responsables del Consejo Nacional de Seguridad –en particular el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), William Casey, y el asesor nacional de seguridad, Robert McFarlane– se esforzaron por eludir la decisión para ayudar a los “contras” que se oponían a los sandinistas, llegados al poder en 1979. Por aquel entonces se desarrollaba la “segunda guerra fría” entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que se enfrentaban indirectamente en Afganistán, Angola y Nicaragua.
Uno de los medios imaginados fue vender en secreto armas a Teherán en beneficio de los contrarrevolucionarios nicaragüenses. Ese proyecto coincidía con la estrategia de los que, en la Administración estadounidense, seguían considerando a Irán, pese a la revolución jomeinista, como un (...)
