El debate político se ve a menudo contaminado por supuestas “evidencias” económicas, utilizadas como argumentos de autoridad. Logran excluir del campo de la discusión ciertos temas, como el proteccionismo, el papel positivo de las empresas públicas, la intervención del Estado, etc. Esas “evidencias” pretenden imponerse por encima de las diferencias políticas, en nombre de su carácter “objetivo”.
Si las “evidencias” económicas tuvieran fundamentos científicos, sería imposible cuestionarlas. A nadie se le ocurriría proponer una votación sobre las leyes naturales. Pero si esos fundamentos se revelaran dudosos, entonces el papel que han adquirido en el debate debe calificarse no sólo de fraude, sino también de usurpación antidemocrática, ya que fueron establecidos por una minoría (los “expertos”), por otra parte políticamente irresponsable. Para ser considerado científico, el estudio de la economía debe ser sometido a reglas de verificación, y estructurado por prácticas de argumentación. Pero el pensamiento económico neoliberal se exime a sí (...)