¿Cabe aún criticar al sistema judicial sin verse por ello acusado de desacato a la democracia y al Estado de derecho? Parece legítimo plantearse la pregunta tras el revuelo que ha causado la condena de Marine Le Pen por el juzgado de lo penal de París, el 31 de marzo de 2025. Declarada culpable de malversación de fondos públicos en el caso de los asistentes parlamentarios del Frente Nacional (FN, convertido en RN en 2018), la antigua líder del partido ha sido condenada a cuatro años de prisión, dos de ellos en suspenso y otros dos con brazalete electrónico, una multa de 100.000 euros y cinco años de inhabilitación con ejecución provisional.
Una sentencia “política”, según Le Pen, que tiene como único fin dejarla fuera de las próximas citas electorales: “Unos jueces han puesto en marcha prácticas que creíamos propias de los regímenes autoritarios”, declaró escandalizada en el plató de TF1 (...)
