Las primeras grandes regulaciones colectivas sobre la muerte a escala nacional se remontan al reinado de Luis XIV, que por medio de sendos edictos en 1690 y 1694 instauró cargos de “pregonero de entierros” en todas las ciudades del reino. Fueron adquiridos por los hospitales, en especial los llamados hôtels-Dieu (“casas de Dios”, establecimientos destinados a la atención de huérfanos e indigentes), cada vez más medicalizados, dando así inicio a un retroceso del control religioso sobre las honras fúnebres. Estas instituciones detentaban por entonces el monopolio de los funerales en las ciudades. En el siglo XVIII, la desigualdad ante la muerte tenía un reflejo espacial, con capillas en las que los personajes adinerados ocupaban el centro de los cementerios, mientras que los demás eran sepultados en fosas comunes situadas en su periferia.
A finales del siglo XIX se dio un giro hacia la secularización, especialmente por mediación de leyes de 1881 y 1884, que prohibían la creación o la ampliación de los cementerios confesionales. Los cementerios se convirtieron en lugares religiosamente neutros, y lo siguen siendo en la actualidad. Bajo la presión de republicanos y librepensadores, la ley del 15 de noviembre de 1887 sobre la libertad de funerales permitió que todo mayor de edad o emancipado pudiera “testar” —palabra etimológicamente emparentada con “testamento”—, esto es, elegir libremente el carácter civil o religioso de sus funerales y el modo de sepultura, reconociendo, de paso, el derecho a la cremación. En 1904, las inhumaciones fueron secularizadas, y la ley confió a los municipios el monopolio del servicio exterior de pompas fúnebres. Pero, aunque esta secularización brindó cierto grado de libertad a los allegados del difunto, no llevó a una verdadera socialización de las exequias.
En la posguerra, las ordenanzas de 1945 instituyeron a escala nacional la cobertura colectiva de los riesgos individuales, lo que llevó, en 1946, a la instauración del régimen general de la Seguridad Social. Al ser la muerte el único riesgo inevitable, resultaba bastante lógico que el artículo 3 del texto que se ocupaba de la organización de la naciente Seguridad Social confiara a las cajas primarias la tarea de garantizar “la gestión de los riesgos de enfermedad, maternidad y defunción”. Se crearon entonces varios mecanismos de solidaridad y, mientras que los demás riesgos (enfermedad, maternidad y jubilación) fueron objeto de debates y evolución, nada se concretizó en cuanto a los derechos relativos a la muerte, que quedaron desatendidos, de modo que ese aspecto se fue convirtiendo en una presa fácil para el sector de las aseguradoras y los mercados financieros.
La empresa Pompes Funèbres Générales (PFG), fundada por Joseph Langlé en 1828, se hizo con la parte del león cuando, con el fin de diversificar su oferta, adquirió las funerarias Roblot y Henri de Borniol —especializadas en los servicios fúnebres de lujo—, además de empresas de marmolería o de producción de féretros. PFG ostentó desde entonces un cuasimonopolio en una época en que la elección de la empresa de pompas fúnebres era competencia de los municipios, que se volcaron de forma natural en este grupo, especialmente en las zunas rurales, donde las franquicias de PFG tenían fácil competir con las muy pequeñas empresas familiares. Resulta significativo de aquellos tiempos que, desde 1979, el accionista mayoritario de PFG fuera por entonces Lyonnaise des Eaux —en la actualidad, Suez Eau France—, que en la década de 1990 se dedicó a ensartar casos de corrupción. En la década de 1980 se organizó un movimiento de empresas independientes —entre ellas Roc Eclerc, fundada por Michel-Édouard Leclerc, hijo de Édouard Leclerc, fundador a su vez de los centros comerciales del mismo nombre— para poner fin a lo que calificaban de “monopolio municipal de PFG”. La ley del 8 de enero de 1993 relativa a la legislación sobre el sector funerario —la llamada “ley Sueur” por el apellido del senador que la impulsó— garantizó a las familias la libertad de elección del operador, aludiendo a las virtudes de la competencia para hacer bajar los precios. Estos, sin embargo, fueron en aumento de año en año, rubricando el triunfo del mercado sobre las aspiraciones del bien común.
