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A debate: El derecho a contaminar

¿Hay que quemar el protocolo de Kioto?

¡El planeta se ahoga! Con muy pocas excepciones, entre los científicos hay consenso sobre la tesis de la alteración climática. Si no se hace nada para frenar las emisiones de gas de efecto invernadero, la Tierra podría calentarse de 1,4º a 5,8º C de aquí a final de siglo, con consecuencias dramáticas...

La segunda cumbre de la Tierra que se desarrolló en Río de Janeiro en 1992 marcó la toma de conciencia de los Gobiernos. Allí firmaron la convención-marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Desde entonces, la negociación sobre este tema se ha inscrito de modo regular en la actualidad política, tanto internacional –como lo atestigua la firma del Protocolo de Kioto– como nacional, como las recientes reuniones políticas sobre medio ambiente en Francia.

Firmado en 1997, el Protocolo de Kioto constituyó un importante adelanto, dado que la comunidad internacional reconocía por primera vez la urgencia de tratar la cuestión. Fundado en la noción de “responsabilidad común pero diferenciada”, cifró y previó plazos, y atribuyó a cada país un objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Treinta naciones industrializadas se comprometieron en ese camino, y los países en desarrollo que formaban parte del protocolo quedaron exentos de compromisos precisos de disminución.

Sin embargo el Protocolo sólo entró en vigor en febrero de 2005, debido especialmente a la oposición de Estados Unidos, el primer contaminador mundial, de quien se esperaba que disminuyera sus emisiones en un 7%. Lo cual no ha impedido que este tratado internacional haya sido hoy ratificado por 168 Estados, prueba de su importancia.

En efecto, en los últimos años la inquietud no ha hecho más que crecer y ampliarse. Lo demuestra la excepcional cobertura mediática de que ha gozado el cuarto informe del Grupo Intergubernamental sobre la Evolución del Clima en febrero pasado. El interés por la contaminación energética y sus consecuencias se ha multiplicado a causa de la emergencia de nuevas potencias económicas, hoy China y el sur de Asia, en breve plazo la India. Más que nunca y más allá del Protocolo de Kioto, la lucha contra el derroche de energía, el alza de la eficiencia energética, el reemplazo de los recursos fósiles por recursos renovables, están a la orden del día.

La primera etapa del protocolo finaliza en 2012. Y 2012 es mañana. La conferencia de Bali (Indonesia, del 3 al 14 de diciembre próximo) tiene que definir la hoja de ruta de las negociaciones que deben conducir a un acuerdo global sobre nuevas modalidades de aplicaciones que perpetuarán Kioto más allá de esa fecha. Las contradicciones no han desaparecido. Reunidos en el seno del grupo de los setenta y siete (G77), los países en vías de desarrollo no dejan de recordar a los países industrializados su responsabilidad histórica, y los instan a ser los primeros en reducir su contaminación. El 28 de septiembre, concluida la conferencia de Washington que reunió a los diecisiete países más emisores de CO2, organizada por el presidente George W. Bush, la Administración de Estados Unidos seguía negando todo principio de compromiso de reducción obligatoria. En una evolución más positiva, China ha aportado su apoyo al Protocolo, al que considera “como la base de todo futuro acuerdo internacional sobre cambio climático”.

En realidad, sería inconcebible que no se hiciera un acuerdo preparatorio del post 2012. Sin embargo, sería igualmente imprudente considerar al Protocolo de Kioto y sus consecuencias como “la” solución milagrosa. A pesar de sus aspectos positivos, el Protocolo de Kioto no está exento de efectos perversos que la complejidad técnica de los problemas vuelve a veces ininteligibles. Así, algunos “mecanismos flexibles” que ha puesto en marcha no corresponden en realidad a ningún esfuerzo de reducción estructural de las emisiones de CO2... Así que hay que defenderlo, pero también cuestionarlo seriamente.

por Aurélien Bernier, diciembre de 2007

Los primeros trabajos de economía que prefiguran el concepto de impuesto medioambiental se remontan a 1920, cuando el economista británico Arthur Cecil Pigou publicó The Economics of Welfare [La economía del bienestar], obra en la cual trata las “externalidades” o “efecto externo” de un acto de producción o consumo. El autor toma como ejemplo el hollín que producían las locomotoras de vapor: pedazos de carbón incandescentes se escapaban a veces de las chimeneas y desencadenaban incendios forestales o de campos cercanos a las vías férreas. Pigou considera que hacer pagar a la compañía de ferrocarriles un impuesto por los daños alentaría la instalación de dispositivos anti-hollín y permitiría limitar los perjuicios. Este razonamiento instaura las bases del principio de “el que contamina, paga”.

Cuarenta años más tarde, otro economista británico, Ronald Coase, criticó las tesis de Pigou. Anticipándose algunas décadas a las negociaciones de Kioto, ofrece una argumentación de oro para (...)

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