Este 15 de abril, el ministro de Interior francés, Bernard Cazeneuve, se alteraba ante algunos diputados que, en un hemiciclo medio vacío, batallaban contra el proyecto de ley relativo a la información. “Las operadoras de Internet poseen nuestros datos personales –argumenta–, y estoy convencido de que muchas de ellas utilizan técnicas extraordinariamente intrusivas en lo que respecta a nuestras propias existencias”. Ahora bien, “esto no plantea ningún problema cuando se trata de grandes monopolios internacionales […]. Pero cuando un Estado se propone prevenir el terrorismo en Internet, a la fuerza es sospechosa la persecución de objetivos ilícitos”.
Desde un punto de vista gubernamental, el razonamiento parece evidente: ¿por qué, salvo que se dé muestras de incoherencia, querer prohibir que el poder público movilice técnicas normalmente utilizadas por el sector privado? Los detractores de la ley sobre los servicios de información criticarían los puntos de vista orwellianos del Estado, pero no dirían (...)
