El Tribunal Penal Internacional (TPI) atraviesa una grave crisis existencial. Entre junio y agosto de 2026, el tribunal tuvo que hacer frente al anuncio de la retirada de Burkina Faso, Malí, Níger, Chad y Venezuela; destituir a su fiscal, el británico Karim Khan, acusado de agresión sexual, y sufrir nuevas sanciones de Estados Unidos contra varios de sus miembros, entre ellos su presidenta, la japonesa Tomoko Akane. Y el 9 de octubre, enfrascada en su cruzada, la Casa Blanca decidió incluir al propio TPI en la lista negra del Tesoro estadounidense.
Es evidente que fue para contrarrestar estos vientos en contra que, el 22 de octubre, el Parlamento Europeo concedió al Tribunal su Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, pocos días después de que el Comité Nobel noruego decidiera, por su parte, otorgar su Premio de la Paz a la jurista sudafricana Navanethem (“Navi”) Pillay, antigua jueza del TPI.
Estados Unidos, (...)


