Frente a los pupitres escolares, la pizarra todavía está cubierta de signos. Ideogramas, números, esbozos. Nada parece haber cambiado desde ese 11 de marzo a las 14:46 horas. Un par de borradores resecos se descomponen en el reposatizas. Una estampa de una ironía cruel, ya que, en el exterior de lo que hace siete años todavía era el colegio de Arahama, las aguas lo borraron todo. Del barrio de Wakabayashi, visto desde la terraza de la escuela, solo queda un paisaje arenoso atravesado por un flujo incesante de excavadoras y volquetes. Cuesta imaginar que esta escuela estaba rodeada de ochocientas casas en las que vivían dos mil doscientas personas. El océano se encuentra a setecientos metros. Un dique está en construcción, mientras que una vía rápida a seis metros sobre el suelo comienza a extenderse hacia el interior. Entre estas dos obras, nada retiene nuestra atención, más allá de un pequeño cementerio con estelas funerarias enmarañadas como bastoncillos de un juego de Mikado.
Estamos en la región de Tōhoku, en la costa oriental del noreste de Honshū, isla central del archipiélago nipón. Con un millón de habitantes, la ciudad de Sendai es la capital de la prefectura de Miyagi, colindante al sur con la de Fukushima y al este con el océano Pacífico. El tsunami del 11 de marzo de 2011 fue provocado por un seísmo de una violencia inaudita registrado a una distancia de 130 kilómetros mar adentro respecto de Sendai. “Las olas, de veinte metros de altura, se precipitaron sobre la costa a una velocidad de 600 a 900 kilómetros por hora. ¡Solo esta escuela construida en 1873 resistió! Trescientas veinte personas, colegiales, personal, vecinos, se refugiaron aquí antes de ser rescatadas en helicóptero”, cuenta el voluntario que nos muestra el lugar. “Al principio –prosigue–, el Ayuntamiento quería demolerlo, pero luego pensamos que valía la pena conservarlo. Nuestra prefectura fue la más afectada. Murieron doce mil personas. En Sendai, la mayoría de las víctimas (novecientas treinta) residían en el barrio de Wakabayashi”. Bajamos a los primeros pisos. Impresionados, observamos las fotografías de aulas destripadas por coches atrapados en un caparazón de tierra, inmundicia y chatarra. “Todo está tal cual. Únicamente hemos reforzado las estructuras para abrirlo al público en la primavera de 2017. Desde entonces, recibimos cada día a unas mil personas. Vienen de todos los rincones de Japón”.
El Ayuntamiento ha clasificado el barrio como zona de riesgo, vedada a la construcción. Los supervivientes se refugiaron tierra adentro en viviendas temporales. El cataclismo se desarrolló en tres tiempos: el seísmo, luego el tsunami y finalmente el accidente nuclear. De las 450.000 personas desplazadas, 160.000 tuvieron que huir de la radioactividad derivada de la explosión de la central de Fukushima-Daiichi. En 2018, las gigantescas obras que jalonan estos quinientos kilómetros de costas, a veces devastadas hasta treinta kilómetros tierra adentro, dan una idea del desastre. Por todas partes, miles de máquinas de construcción se dedican a desescombrar, aplanar, reconstruir. A medida que el autobús avanza a lo largo del Pacífico, las obras provocan vértigo.
A noventa kilómetros al noreste de Sendai, Minamisanriku era una pequeña población costera de 17.000 habitantes. Cerca del 70% fue destruida y ha dejado sitio a nuevos terraplenes en forma de pirámides. Sobre esos terrenos explanados a base de deshechos y montañas moldeadas por las excavadoras, sobresalen pequeñas construcciones de madera. Aparecen una oficina de correos, una peluquería, un puesto de sushi e incluso una pastelería, con el escaparate decorado con pasteles magníficamente presentados. Una música empalagosa envuelve la veintena de comercios. Un obrero me observa. Este trabajo es lo único que le queda a este expescador: “Reconstruimos, pero no sabemos verdaderamente para quién. Muchos no quieren volver allí donde lo perdieron todo. En siete años, los más jóvenes han rehecho su vida, por lo general, lejos de aquí. Yo tengo suerte, todavía tengo a mi familia, instalada en casa de mi hermano a un centenar de kilómetros. Y además tengo este trabajo. ¿Volver a ser pescador? La mayoría de la gente no quiere comer nuestro pescado, aunque su contenido radiactivo está por debajo del nivel autorizado”. Kesennuma, Rikuzentakata, Ofunato, Kamaishi: en todas estas pequeñas poblaciones costeras, la desazón reconcome los espíritus.
En las colinas de Kamaishi destaca la estatua de Kannon, la diosa de la compasión. Desde lo alto de sus cuarenta y ocho metros, la vista es espectacular. Las máquinas se dan prisa en reconstruir los diques que fueron inaugurados algo antes del tsunami: tres muros de longitudes diferentes (990 metros, 670 metros y 330 metros), anclados a más de 63 metros de profundidad, que quedaron totalmente sumergidos. Peor todavía, provocaron un fenómeno de resaca que intensificó la violencia de las olas. “Pero ¿qué hacer si no?”, pregunta un capataz de obra. “Si se quiere que la población vuelva, hay que tranquilizarla. Por ahora, hay más obreros que habitantes. Pero ¿por cuánto tiempo? Porque el Estado comienza a desentenderse”. El Gobierno invirtió 25,5 billones de yenes (195.700 millones de euros) entre 2011 y 2015, pero ha reducido esta suma a una cuarta parte para el periodo 2016-2020 (1).
“Sabe usted –nos cuenta Kowata, natural de Tōhoku (“Noreste”), que comprende diez millones de almas–, aquí no estamos en la región de Kanto (Tokio) o en la de Kansai (Kioto), que concentran población y capitales”. Como escribe Tawada Yoko en su Diario de los días temblorosos (2), “tras el seísmo de Kobe, en 1995, para el aprovisionamiento inmediato de comida, por ejemplo, bastó con que las grandes tiendas desplegaran en las aceras los productos de sus estantes. Ahora bien, en los pueblos de pescadores del Nordeste, no hay grandes tiendas, y las víctimas no viven agrupadas en un territorio reducido”. ¿Por qué en 2011 no se lanzaron víveres desde helicópteros? Porque “la ley sobre la seguridad del territorio no lo permitía”, prosigue la escritora. “Ningún político tuvo la valentía de responsabilizarse de una medida derogatoria relacionada con una situación de emergencia”.
La región más vasta de Honshū es la tierra nativa de los ainus, el pueblo autóctono que vivía también en la isla de Hokkaidō antes de la conquista japonesa del siglo XIX. Durante mucho tiempo fue el fin del mundo, que los japoneses relegaban con desprecio a la periferia fría del centro imperial, Kioto ayer, Tokio hoy. Este Michinoku, “la tierra más allá de los caminos”, el antiguo nombre de Tōhoku, estaba tan alejado de los centros de poder que solo podía estar habitado por bárbaros, parias o asociales, como los yamabushi, eremitas que erraban por las frías montañas de Yamagata.
Cuando, a partir de los años 1960, el Estado tuvo la idea de construir en Tōhoku varias centrales nucleares, la idea era llevar luz a sus habitantes, tanto en sentido literal como figurado, aunque los principales usuarios son los ciudadanos de la capital. Para Tokio y sus alrededores (cuarenta millones de habitantes), Tōhoku era una ganga, a la altura del infortunio que golpeó a esta vasta región (67.000 kilómetros cuadrados) poco desarrollada. La búsqueda de un empleo –más allá de la pesca, la agricultura o el naciente turismo– generalmente empuja a los jóvenes licenciados al éxodo.
Las seis prefecturas de Tōhoku se disputan este maná nuclear, que comprende también el complejo de Rokkasho, construido en el extremo norte. Este establecimiento acoge un centro de almacenaje, una fábrica de enriquecimiento y otra de procesamiento de residuos diseñado en colaboración con el grupo francés Areva según el modelo establecido por La Haya. El pasado enero, treinta años después del anuncio de su construcción y de más de 16.000 millones de inversión, la apertura de la fábrica de procesamiento de residuos ha sido aplazada por vigésimo tercera vez… Podría estar en activo en 2021, y el centro de producción del muy controvertido MOX (una mezcla de óxido de plutonio y óxido de uranio, que recicla una parte del combustible ya utilizado), el año siguiente.
Con su litoral marítimo propicio al enfriamiento de los reactores, y en ausencia de una red hidrográfica importante a nivel nacional, la prefectura de Fukushima se presentó como candidata, con el respaldo de la ciudad del mismo nombre. A 225 kilómetros al noreste de Tokio, el aprovisionamiento energético se sitúa a buena distancia. Así pues, seis reactores nucleares se construyeron progresivamente entre 1967 y 1979. La central de Fukushima-Daiichi está en la mente de todos. La sombra elogiada por el escritor Tanizaki Junichiro ya no existe (3). Las múltiples e importantes ayudas estatales suministradas por el “hada electricidad” (subvenciones, fiscalidad ventajosa) irrigaban el tejido de la economía regional. Los ediles se beneficiaban de enormes presupuestos operativos (siete a diez años de autonomía para la ciudad de Fukushima), garantía de una popularidad transformable en réditos electorales. Las iniciales de la empresa de energía nuclear, la Compañía de Electricidad de Tokio (TEPCO, por sus siglas en inglés), destacan en el frontispicio de la estación de Fukushima.
Si la sombra permanece, ya no hay que buscarla en ese claroscuro que, según Tanizaki, resaltaba la esencia íntima, la luz interior, de cada cosa, sino en esta connivencia entre el Estado, las administraciones locales (prefectura, ayuntamientos) y una empresa de energía nuclear poco escrupulosa. Aparte de haber ocultado alrededor de doscientas incidencias entre 1977 y 2002 y falsificado informes de inspección (4), TEPCO ignoró un informe que, en 2009, señalaba el riesgo de un tsunami de una altura superior a las previsiones establecidas (seis metros). Una ola de catorce a quince metros llegó una hora después del seísmo de 2011. Con toda la alimentación eléctrica cortada, y sus sistemas de enfriamiento de emergencia anegados, tres de sus seis reactores entraron en fusión exhalando su aliento mortífero.
Siete años más tarde, el coste de la catástrofe parece astronómico, ya sea por las tareas de desmantelar la central o de descontaminar el suelo y el agua. ¿Cómo encontrar mano de obra dispuesta a hacerlo? TEPCO multiplica los niveles de subcontratación, que, a medida que las órdenes se alejan del centro de decisiones principal, tiene como resultado una creciente laxitud en materia de competencias y criterios de contratación (5). Los empleadores, a veces fagocitados por los yakuzas (6), dan la impresión de servir a los intereses de todos: del asalariado, dispuesto a poner su vida en peligro para ganar una nimiedad más por rebasar el umbral de exposición crítico en zona contaminada, o de la empresa de energía nuclear, en busca de una mano de obra que escasea debido a los múltiples peligros de esas obras extrañas e inéditas.
Más de sesenta mil personas ya han trabajado en la central desde 2011; seis mil trabajan diariamente en el desmantelamiento de los tres reactores fundidos. La principal dificultad sigue siendo localizar y controlar el corium, esa amalgama altamente radiactiva que resulta de la fusión de los combustibles nucleares con los materiales metálicos que agrega a su paso. Algunas imágenes facilitadas por TEPCO en enero de 2018 muestran que el corium ya ha perforado el depósito del reactor número dos y que está atacando ahora la solera (la base de hormigón) de la central, última protección antes de que ese magma corruptor contamine las capas freáticas que desembocan en el océano Pacífico.
Los informes oficiales japoneses o internacionales reducen las consecuencias sanitarias de la catástrofe a poca cosa, atribuyendo el aumento de casos de cáncer a los reconocimientos sistemáticos practicados. Desde 2011, Cécile Asanuma-Brice recorre la región. Investigadora en sociología urbana en el Centro Nacional francés de Investigación Científica (CNRS, por sus siglas en francés) cuestiona este discurso tranquilizador: “Las autoridades coinciden en reconocer la muerte de dieciocho trabajadores a causa de dosis letales. Es posible que ese número esté muy por debajo de la realidad”. La investigación epidemiológica efectuada sobre 380.000 niños de la prefectura de Fukushima ha llevado ya a detectar 197 casos de cáncer de tiroides. Según esta investigadora, “las operaciones de limpieza o de visita del lugar obedecen a un objetivo crucial: tranquilizar a los habitantes a fin de que vuelvan a vivir en su ciudad de origen, aún a riesgo de aumentar el umbral de radiactividad aceptable, como hizo el Gobierno en abril de 2011”. La tasa admisible para la población ha pasado de 1 milisievert (mSv) a 20 mSv, es decir, el aceptable en condiciones normales para los trabajadores de la energía atómica, mientras que la tasa para los empleados de la central aumentó en un primer momento a 100, y luego a 250 mSv, en función de la urgencia de la situación.
¿Se podrá renovar esa mano de obra explotable a voluntad, teniendo en cuenta que el desmantelamiento debería llevar todavía cuarenta años? Si bien la investigación en robótica marcha a pleno rendimiento, las obras a gran escala siguen siendo actualmente rudimentarias. Trescientas toneladas de agua son vertidas y contaminadas cada día para enfriar los núcleos fundidos de los reactores. De ellas, varios miles, parcialmente depuradas, aunque todavía contienen tritio, ya han sido vertidas al Pacífico. Y más de un millón de metros cúbicos de agua están a día de hoy almacenados en depósitos, a la espera de una autorización para seguir su mismo camino, a lo que se oponen pescadores y residentes.
Por otro lado, seiscientos kilómetros cuadrados en los alrededores de la central están en proceso de descontaminación. Progresivamente, el Gobierno adquiere estos terrenos (de múltiples propietarios) destinados a acoger millones de metros cúbicos radiactivos, anexando mes tras mes, kilómetro tras kilómetro cuadrado, esas poblaciones abandonadas próximas a la central. La tierra rastrillada en superficie a menudo es depositada algunos kilómetros más lejos, a riesgo de dispersar la radiactividad y contaminar a los trabajadores, con resultados muy inciertos. Al menos quince millones de metros cúbicos de tierra y desechos contaminados se almacenan ya en grandes sacos de tela negra plastificada cuya vida útil se limita a tres o cuatro años de media, cuando no son destripados. Los que presentan menos de 8.000 becquereles por kilogramo son reutilizados en el asfalto de las obras de puentes y diques.
El 31 de marzo de 2017, para convencer a los refugiados todavía reacios a regresar (alrededor de una tercera parte de las 160.000 personas evacuadas), el Estado suprimió las ayudas incondicionales de realojo que les permitían vivir fuera de las zonas afectadas por la radiación. Como consecuencia, cerca de 27.000 hombres, mujeres y niños no tienen más opción que regresar.
Otras estrategias son más sutiles. Muestra de ello, ese llamamiento a la resiliencia dirigido a las víctimas. El programa Ethos Fukushima enseña a los habitantes a vivir en un medio contaminado: a tal efecto, se han distribuido manuales escolares; se han lanzado campañas televisivas para promover productos frescos originarios de la zona contaminada y presumir de la eficacia de la descontaminación, aunque todavía no se ha probado (7). De creer a los promotores de esta campaña, un medio ambiente contaminado sería menos nocivo para la población que la “radiofobia” o el estrés provocado por un doloroso desarraigo (8). Un habitante de la ciudad de Iitate cuenta: “Nos han dicho que no hay problema. ¡Que basta con no ir a las zonas de riesgo! No se puede ir a la montaña ni acercarse a los ríos ni ir a izquierda o derecha… ¿Cómo quiere usted que vivamos aquí?” (9). Condiciones de vida espantosas de las que Fukushima Minpo se hacía eco recordando en su edición del 3 de marzo de 2018 que, desde la tragedia, 2.211 personas se han suicidado o se han dejado morir por falta de cuidados o medicamentos.
Aunque, finalmente, el 22 de septiembre de 2017, TEPCO fue declarada responsable del accidente nuclear de Fukushima, el Estado ha quedado libre de sospecha y puede difundir falsedades “para que la población ignore los daños reales provocados por la energía nuclear”, afirma Cécile Asanuma-Brice. La producción de ignorancia es el elemento clave de los métodos de persuasión que buscan sembrar la duda y la confusión sobre los umbrales de radiactividad tolerados por el organismo humano. El Estado y los lobistas de la energía nuclear extienden su poder, ya que, como asevera el primer ministro conservador Abe Shinzo, el país no puede prescindir de esta energía, que representaba el 30% de la electricidad producida en Japón antes del accidente.
En la actualidad, cinco reactores están de nuevo en actividad, y diecinueve estarían a la espera de autorización. La banalización de la radiactividad avanza a grandes pasos. La Comisión Ejecutiva del Comité Internacional Olímpico encargada de los Juegos de Tokio 2020 aprobó en marzo de 2017 la propuesta de organizar partidos en el estadio de béisbol Azuma de Fukushima (a 90 kilómetros al noroeste de la central), que será reformado para la ocasión. “Quizá reserven precios especiales para los habitantes de Tōhoku”, bromea Takeda, un desplazado de Fukushima, antes de corregirse: “No es probable: nos hemos convertido en los parias de Japón. Sabe, algunos todavía creen que somos contagiosos…”.
